El fascismo del actual régimen que se impone en Venezuela es inocultable, a pesar de estar envuelto en la verborrea socialista. Se trata de una estafa política sin precedentes, donde en nombre de la participación se desconoce la voluntad soberana (caso reforma constitucional), en nombre de la justicia se violan los más fundamentales derechos humanos, y en nombre de la solidaridad se excluye a la población.
El año pasado colaboré en mi calidad de abogado, con un grupo de adultos mayores del Estado Lara, con quienes interpusimos un amparo constitucional contra la Ministra del Trabajo por la violación del derecho a la igualdad en la aplicación del Decreto presidencial 7.041 que permitiría supuestamente a los adultos mayores completar sus cotizaciones mínimas necesarias para obtener su pensión de vejez. El caso es que la ministra aplicó dicho decreto de forma excluyente y recaudadora, dejando por fuera a la gran mayoría de adultos mayores que no contaban con el dinero suficiente para pagar por su derecho constitucional.
La solicitud era muy sencilla, pedíamos que se hiciera justicia y de le diera el famoso “fiao” a nuestros adultos mayores, para que a través de un crédito público obtuvieran los recursos para completar sus cotizaciones y obtener su pensión que serviría de garantía suficiente para el pago de dicho crédito. Esto en atención con lo dispuesto en la constitución que aclara textualmente que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo que asegure protección en contingencias de vejez. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección”.
¿Cómo es eso entonces que este gobierno “socialista” le dio la oportunidad a los que más tenían para pagar por su derecho, dejando por fuera a los más necesitados que no cuentan con la posibilidad de completar sus cotizaciones de su propio bolsillo?¿Por qué se les niega el préstamo para que todos puedan aprovechar la oportunidad otorgada en el decreto? Este fue justamente el tema que generó el famoso intercambio verbal entre el Presidente de la República y el Diputado Alfredo Ramos, quien interrumpió al primer mandatario en su “rendición de cuentas” para solicitarle la aplicación de este “fiao” para que todos los adultos mayores pudieran completar de una vez por todas sus cotizaciones y obtengan la pensión. Fue público y notorio el compromiso que asumió Chávez, quien incluso ordenó a la ministra del trabajo se reuniera con Alfredo para concretar detalles. La reunión entre el diputado y la ministra se dio, pero ha pasado ya casi un año sin que el gobierno haga nada al respecto.
Lo más insólito es que recientemente el TSJ, en vez de pronunciarse sobre el fondo del amparo comentado, prefirió dar por terminada la acción y multar a los adultos mayores que osaron ampararse en el máximo tribunal. Alegan abandono del trámite porque no insistieron más, sin reparar en el detalle de que son adultos mayores que viven en Barquisimeto y que no tienen recursos para “mudarse” al TSJ en la capital para insistir en que los magistrados trabajen y cumplan con su deber constitucional de aplicar justicia. Así que no solo cometen el delito de denegación de justicia, cuando no admiten el amparo en los plazos establecidos, sino que se dan el lujo de alegar su propio retardo para engavetar el caso, no sin antes multar a los accionantes. Este exabrupto jurídico fue cometido por la Magistrado Carmen Zuleta de Merchan, quien debería ser la multada, y no al revés, por denegar justicia, y no decidir sobre el fondo de un asunto de violación a derechos constitucionales de un débil jurídico como son los adultos mayores. Fascismo puro que no se ve ni en neoliberalismo más salvaje.
Pero seguiremos insistiendo y no dejaremos este tema así. Chávez debe cumplir su promesa y acudiremos a todas partes para recordar que este gobierno viola sistemáticamente la constitución y es el único responsable por el déficit en materia de seguridad social. No es falta de plata, con una parte de los que se le regala a Cuba y Nicaragua se pudieran otorgar pensiones mínimas de vejez a todos los adultos mayores, mucho más si se utiliza en método propuesto por nosotros de préstamos que queden garantizado por la propia pensión. No es un regalo, es un préstamo justo y necesario lo que estamos proponiendo. Que quede constancia de este abuso, de esta farsa, de esta estafa.
JOSÉ IGNACIO GUEDEZ
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