LA ESTAFA ELÉCTRICA

Este gobierno que se caracteriza por ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio, acaba de perpetrar una estafa masiva a la población venezolana digna del capitalismo más salvaje y liberal. Y es que el estatismo desmedido y militarista como el que lleva adelante la “revolución” no es menos salvaje y casi siempre es injusto, producto del poder ilimitado y sin controles efectivos con que se ejerce.

Esta vez le toco al “ponderado” Alí Rodríguez, quien desde el ministerio para la Energía Eléctrica está sancionando con multas leoninas a cualquier ciudadano que no baje su consumo eléctrico según los parámetros arbitrarios emanados de ese ente burocrático. Estamos hablando que de la noche a la mañana los usuarios residenciales han tenido que pagar hasta el triple de su facturación real, producto de los ya famosos “recargos” establecidos por Alí en un reglamento que es francamente irresponsable, injusto e inconstitucional.

En primer lugar decimos que es irresponsable e injusto, toda vez castiga a los ciudadanos por el fracaso e incapacidad del gobierno. La crisis eléctrica que ellos tardaron meses en admitir es producto de la desinversión en el sector y de problemas estructurales que son responsabilidad exclusiva de un gobierno ahogado en petrodólares que no tiene excusa para justificar el deterioro de este servicio básico. Mal puede entonces este ministro disfrazar su fracaso con el argumento peregrino de que los culpables de la crisis son los usuarios que sí pagan por el servicio eléctrico, justificando así una estafa masiva que se ha traducido en la práctica en un aumento del 300% de la tarifa, lo que nunca hizo por cierto la empresa privada en el sector. Entonces, ¿Con qué moral pretende este gobierno aplicarle a los demás esa ley de costos y precios justos mientras le sobrefactura la energía eléctrica a la población?

Pero lo más grave es la violación flagrante a la Constitución, la cual dice claramente en su artículo 49 numeral 6, lo siguiente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia, ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”. Queda claro que los recargos en la facturación eléctrica son sanciones administrativas derivadas de la “omisión” de no bajar el consumo en relación con años anteriores, lo cual no constituye ninguna falta o delito preestablecido. En consecuencia, es abiertamente inconstitucional que se multe a los usuarios residenciales del servicio eléctrico por el simple hecho de no bajar su consumo según los parámetros arbitrarios del ministro. Además que no existe tampoco derecho a la defensa al no poder el usuario justificar en ningún caso las causas de su consumo actual, el cual pudiera haber aumentado en relación al pasado debido al incremento del grupo familiar, o al hecho de que antes estaba vacía la vivienda, entre otras razones legitimas.

Pero al igual como la ministra Iris quiere resolver el problema carcelario soltando a los presos, ahora el ministro Alí quiere resolver la crisis eléctrica criminalizando el consumo de energía. Claro, es lógica socialista, vaciando las cárceles se acaba el hacinamiento y si nadie enciende la luz se acaban los apagones. Y esos son los que nos gobiernan. El caso es que el ministro Alí en vez de responderle a la población por los daños y perjuicios causados por los apagones y las deficiencias del servicio, ha preferido meterle la mano en el bolsillo a los usuarios que sí pagan su consumo. Lamentablemente la tesis de Uslar sobre los “pendejos” sigue vigente en esta revolución.

Ahora al hablar de “estafa inmobiliaria”, “créditos indexados” o de “especuladores”, tendrán que incluir en su verborrea supuestamente reivindicativa esta “estafa eléctrica” contra la población en general que paga por la electricidad que consume y que está siendo multada arbitrariamente. Exigimos ante la opinión pública (haremos lo propio ante el TSJ) el cese de esta medida y el reintegro de los recargos cobrados inconstitucionalmente.

No hay duda que lo único peor al “neoliberalismo salvaje” es el “estatismo salvaje” que estamos padeciendo, donde el ciudadano común no tiene forma de defenderse ante los abusos de un gobierno todopoderoso. Tendrá que llegar la hora de un Estado democrático y responsable que sea capaz de resolver la crisis ya decretada.


JOSÉ IGNACIO GUEDEZ