DE VIDA O MUERTE

La culpa de la inseguridad puede ser colectiva y sus causas multifactoriales, pero la responsabilidad en este tema es única y exclusivamente del Estado, el cual ha estado manejado durante la última década por un solo hombre: Hugo Chávez Frías.

Por lo tanto es justo y necesario evaluar la responsabilidad del presidente Chávez y sus cómplices sobre el principal problema de los venezolanos que es la inseguridad y la violencia desbordada. En este sentido es evidente que ha pecado de palabra, obra y omisión. De palabra, con su discurso incendiario que hace apología del delito, como cuando justificó el robo y el crimen en estado de necesidad, o tan solo con su lema de guerra “patria, socialismo o muerte”. De obra, con su sangriento intento de golpe de Estado en 1992 y luego en el gobierno, condecorando a las “pistoleros de Llaguno” y armando indiscriminadamente a la población civil. Y de omisión, al evitar hablar del tema cada domingo en su espacio mediático, sacando de la agenda pública el principal problema del pueblo y prohibiendo que el resto de los poderes se avoquen a tan prioritario asunto.

Por su lado, el resto de los poderes secuestrados por el mismo caudillo también hacen comparsa en cuanto a la responsabilidad en el tema de la inseguridad. El Poder Judicial venezolano ostenta el record mundial de impunidad al resolver menos del 10% de los homicidios cometidos en el país. El Ministerio Público solo combate el crimen persiguiendo a los medios de comunicación para que no informen la sangrienta realidad. El Contralor solo se despierta para inhabilitar a un disidente político. Y la actual Asamblea Nacional, dominada por el consorcio PSUV-PPT, no ha abierto ni un solo debate sobre el tema, mucho menos se le ocurre interpelar al ministro responsable y tampoco ha aprobado leyes que colaboren en la solución del problema. A la “Defensora del Pueblo” no vale la pena ni mencionar por su esterilidad e intrascendencia, el solo hecho de que cobre un sueldo podría considerarse una estafa.

Por lo tanto, decir que el gobierno de Hugo Chávez y las instituciones del Estado al servicio de su gobierno, son los responsables de las muertes violentas que se cometen impunemente y a diario en el país, es decir una verdad objetiva del tamaño de una Iglesia. Claro que en este país “rojo-rojito” esta afirmación sí despierta toda la diligencia un Estado que consiente el asesinato pero que es intolerante ante la crítica política. Sin embargo seguiremos denunciando esta realidad en nombre de las victimas y sus deudos, con el firme propósito de revertir esta trágica situación.

Pero la buena noticia, en medio del drama, es que el cambio comienza este 26 de septiembre y depende de nosotros mismos. Rescatando la Asamblea Nacional se puede abrir un debate plural sobre la inseguridad y aprobar leyes como la Ley de Desarme Nacional, Ley del Primer Empleo y la revisión del COPP, todas tendentes a disminuir los índices de violencia en el país. Igualmente es preciso recordar que la próxima Asamblea tendrá la responsabilidad de nombrar a los nuevos representes de los poderes públicos antes mencionados, lo que represente una oportunidad para romper con el secuestro institucional que tiene hoy a la población en el peor estado de indefensión posible.

La elocuente foto de El Nacional, el documental “Guardianes de Chávez” y el incidente de la “bala fría” ocurrido nada menos que en el estadio de Fuerte Tiuna, son campanazos que deberían despertar la conciencia de quienes todavía no se hayan dado cuenta de que las elecciones del 26 de septiembre son literalmente de vida o muerte.


JOSÉ IGNACIO GUEDEZ